Los gobiernos y los ciudadanos a los que protegen avanzan cada vez más hacia una tolerancia cero al riesgo. Los reguladores introducen normativas y requisitos de reporte más estrictos y completos, por lo que las empresas deben demostrar el cumplimiento legal y regulatorio. En la mayoría de países existen normas de seguridad para prácticamente todos los bienes, y aumentan los requisitos de desempeño ambiental (desde el reciclaje hasta el embalaje o el consumo energético). Por tanto, el cumplimiento ya no se limita a “cumplir una especificación”, sino que puede abarcar el ciclo de vida del producto. La certificación acreditada se utiliza para evaluar la conformidad frente a una norma, un código de buenas prácticas o requisitos regulatorios. Los reguladores pueden establecer requisitos generales de política o requisitos técnicos detallados y apoyarse en entidades de certificación acreditadas para asegurar el cumplimiento. La concesión de un certificado o marca acredita dicho cumplimiento.

La acreditación es la evaluación independiente de las entidades de certificación frente a estándares reconocidos, para asegurar su imparcialidad, competencia y consistencia. Cada vez más, los reguladores se apoyan en declaraciones independientes de cumplimiento por terceros para reforzar sus actividades de supervisión y control, al demostrar el cumplimiento legal y el desempeño frente a referencias del sector e indicadores. Como grandes compradores de bienes y servicios, los gobiernos también utilizan la certificación acreditada para respaldar decisiones de compra, ya que aporta confianza en que los proveedores disponen de controles adecuados para cumplir los requisitos.